2010-06-16

Matrimonios, divorcios y ley civil 

No se trata de que el legislador construya modelos de relaciones de pareja, pero no se puede desconocer el rol que le cabe a la ley como promotora de ciertas conductas e instituciones sobre otras, en el difícil camino de obtener el bien común.

POR FERNANDO JOSÉ RABAT

Con el mérito de ciertas estadísticas que se han publicado en los medios de comunicación social, dando cuenta de que durante 2009 el número de matrimonios celebrados en el país disminuyó y, en cambio, se verificó un aumento sostenido de divorcios, se ha planteado el rol que le cabe a la ley en esta materia.

En una columna de opinión del domingo pasado en La Tercera, el profesor Mauricio Tapia le resta relevancia a la Ley de Matrimonio Civil como causa u origen de este hecho, agregando que la ley civil no es el medio para promover ciertas instituciones, en particular, en el campo de las relaciones de familia.

No compartimos estos puntos de vista. La ley no es una entelequia abstracta, carente de todo significado moral y que no puede ser utilizada para fomentar ciertas conductas. En efecto, la ley, como mandato proveniente de la voluntad soberana delegada en el Congreso Nacional, debe necesariamente buscar y propender al bien común de todos los habitantes de la sociedad, para lo cual ha de atenderse a principios básicos, anteriores al Estado, reconocidos y protegidos por el derecho, muchos de los cuales se encuentran en el Capítulo I de la Carta Fundamental y que constituyen las Bases de la Institucionalidad.

Así, se afirma en la Constitución que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad. También, la mayoría de los miembros de la comunidad entienden que esta familia es aquella formada en el matrimonio celebrado entre un hombre y una mujer.

De esta manera, el legislador civil, cuando regula materias que son propias del derecho de familia, debe considerar lo expuesto, no como una forma de imponer ciertas creencias, sino porque su objetivo es alcanzar el bien común. De aquí el deber del Estado de estimular, amparar y dignificar la familia y, de esta manera, fortalecer el vínculo matrimonial.

En la actualidad, no es posible cegarse a la realidad. La ley de matrimonio civil establece un sistema expedito y sencillo para divorciarse. En cambio, en los últimos 20 años no ha existido ni una sola ley que haya promovido la unión matrimonial y, por el contrario, hay decenas de cuerpos legales y reglamentarios, que, en definitiva, han originado que los divorcios sean más que los matrimonios. De hecho, si sólo consideramos el frío texto legal, tendremos que concluir que, hoy por hoy, el único motivo por el que puede resultar conveniente casarse es en razón de los derechos hereditarios. A esta triste respuesta nos llevan las modificaciones legales de los últimos años.

Entonces, no se trata de que el legislador construya modelos de relaciones de pareja, porque ello ciertamente corresponde a la autonomía privada, pero no puede desconocerse el rol que le cabe a la ley como promotora de ciertas conductas e instituciones sobre otras, en el difícil camino de obtener el bien común. 

Por ello, la crisis que sufre el matrimonio hoy no es sino consecuencia de una política legislativa que desmedra el núcleo familiar y alienta otra uniones, incluso contrarias a los fines del matrimonio. 

Una demostración de ello es el proyecto de ley sobre Acuerdo de Vida en Común (AVC) conocido en estos días, el cual no hace otra cosa que extender la regulación del matrimonio en diversas materias a las relaciones de hecho, con la cual, ya definitivamente, no existirá, desde un punto de vista legislativo, ninguna razón para optar por el matrimonio frente a otras instituciones.

http://www.latercera.com/contenido/895_268454_9.shtml